Fernando Sandoval.
Analista político y ensayista.
Si bien es cierto, hoy existe la poca
capacidad de entendimiento, por parte de los usuarios de las redes sociales y
funcionarios públicos que tienen cuentas dentro de las diferentes plataformas
del Internet, existen varias polémicas para trasponer quien tiene la razón.
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| foto de:https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/el-gobierno-atenta-contra-los-periodistas-y-la-libertad-de-expresion-de-los-mexicanos/ |
Por un lado la sociedad civil cuenta con esta
herramienta para justificar la falta de servicios y demandas sociales no
atendidas por parte de funcionarios de gobierno, utilizan estos medios de
información no regulados dentro de las normas vigentes mexicanas, si recae en
una controvertida discusión cuando un funcionario teniendo cuenta particular se
convierte en servidor público y por ende deja de ser privado lo que en encargo
como servidor público pasa a ser figura pública y por ende está sujeto a las publicaciones
de sus fans o de quienes muchas de las veces buscan ser escuchados con acciones
no muy bien vistas por los actores políticos dentro del a vida pública, por
ende quien participe en una publicación en las redes sociales, está sujeto a
ser señalado, criticado y muhcas de las veces denunciado por un grupo que se ve
afectado por las políticas públicas erróneas o que van en contra de las
mayorías, ya que se trasgreden los derechos de otros y que pertenecen a un
conjunto social de personas que
participaron en un encuentro democrático para elegir a sus gobernantes.
Tan solo para recordar “en octubre de 2017 en una sentencia sin
precedentes en México, un juez federal ordenó al alcalde de Nogales, Sonora,
David Cuauhtémoc Galindo Delgado, desbloquear de su cuenta de Twitter a un
ciudadano, luego de que este último interpuso un amparo. El munícipe argumentó
ante el juez que la cuenta de Twitter es de uso personal y no es financiada por
el ayuntamiento, sin embargo, en la investigación realizada al perfil del
funcionario se estableció que la cuenta es utilizada para destacar las tareas del
gobierno municipal.” Motivo por el cual debió resarcir el derecho del ciudadano para interactuar en las redes sociales.
“En una sentencia reciente, un tribunal federal en Estados
Unidos concluyó que el bloqueo de usuarios en redes sociales, por parte de
servidores públicos, viola la libertad de expresión. En el caso en concreto se
demandó a una empleada municipal por haber bloqueado brevemente (12 horas) a un
usuario de Facebook. El tribunal del Estado de Virgina concluyó que:
La demandada, una persona física,
tenía una página en la red social comentada, donde compartía las actividades
que tenía en el municipio en el cual laboraba.
La demanda procedía no solo
respecto de la servidora pública en particular, sino también en contra del
municipio en el cual trabajaba esta última.
La empleada municipal estableció
en su página que escucharía "cualquier solicitud, crítica o cumplido de
los ciudadanos" del municipio.
Facebook se ha convertido en una
plataforma esencial para la libertad de expresión, al grado que se ha
convertido en el foro moderno más importante para intercambiar puntos de vista.
La libertad de expresión aplica
en redes sociales con igual fuerza que en otros foros.
Esto no significa que los
servidores públicos no puedan moderar o bloquear comentarios en redes sociales.
De hecho, cierto grado de moderación es necesario para preservar los sitios de
internet como lugares idóneos para intercambiar ideas.
Los servidores públicos tienen un
fuerte interés en moderar los comentarios en sus páginas de redes sociales.
Permitir contenidos inapropiados podría desvirtuar el propósito inicial de
dichas páginas. Dada la existencia de troles en internet, este no es un peligro
hipotético.
Por último, el tribunal determinó
que el haber bloqueado a la actora, aunque hubiera sido por un breve tiempo,
violó su libertad de expresión.
La resolución antes señalada
plantea interesantes preguntas para aplicarlas al en torno de nuestro país”.
Por lo que, independientemente de que jueces federales, han indicado que “queda completamente prohibido que
funcionarios públicos bloqueen a cualquier tipo de persona física de sus redes
sociales. Pues al realizar esta acción, violarían el derecho a la información
de los ciudadanos. “Se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público,
que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que
reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público
desempeñado”.
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foto de: https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/el-gobierno-atenta-contra-los-periodistas-y-la-libertad-de-expresion-de-los-mexicanos/
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